Este 21 de febrero se llevó a cabo un operativo en conjunto por autoridades de los tres niveles de gobierno, así como la Marina y Guardia Nacional para retirar cámaras de videovigilancia no autorizadas en el Centro Histórico de Puebla.
Las cámaras retiradas no estaban registradas ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ni correspondían a comercios establecidos, lo que levantó sospechas sobre su propósito.
El operativo tuvo lugar en una zona comercial y turística clave. Elementos de la SSC de Puebla, en coordinación con fuerzas estatales y federales, incluyendo a la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.
Se desmantelaron cámaras ubicadas en postes de alumbrado público y otros puntos estratégicos. Videos compartidos en plataformas como X, muestran a personal retirando estos dispositivos bajo un ambiente de tensión, con presencia policial significativa.
La principal hipótesis de las autoridades es que estas cámaras formaban parte de una red de videovigilancia operada por grupos delictivos para monitorear movimientos en el Centro Histórico.
Esta sospecha se basa en varios factores:
En Puebla, desde al menos 2017, se han vinculado cámaras clandestinas con el crimen organizado, como en el caso de Palmarito Tochapan, donde el huachicolero Antonio Martínez Fuentes ("El Toñín") utilizaba sistemas de videovigilancia para evadir a las autoridades.
En estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas y Baja California, operativos recientes (2024-2025) han retirado cientos de cámaras ilegales vinculadas a actividades delictivas, como extorsión, secuestro y tráfico de drogas.
Por ejemplo, en Tabasco, se desmanteló un centro de monitoreo tipo C4 con 55 cámaras en febrero de 2024, y en Veracruz se retiraron 374 cámaras entre agosto de 2024 y enero de 2025.
El Centro Histórico de Puebla es un punto de alta actividad económica y paso de personas, lo que lo hace atractivo para actividades ilícitas como el cobro de piso, narcomenudeo o vigilancia de operativos policiales por parte de "halcones".
Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al menos tres grupos operan en la capital: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), "El Negro" y "Los Sinaloa". Estos grupos han estado involucrados en enfrentamientos y actividades como el narcomenudeo, lo que podría explicar el uso de cámaras para proteger sus intereses.
Aún no se ha informado cifras oficiales exactas sobre el número de cámaras retiradas ni detenciones relacionadas. Las cámaras han sido puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla para su análisis, con el objetivo de determinar su origen, propietarios y uso específico.