El Derecho de Alumbrado Público (DAP) es el cobro por la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad de Puebla.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es un impuesto “disfrazado” de derecho y no un pago en retribución, ya que la instancia que brinda el servicio eléctrico es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no los Ayuntamientos.
Con ese cobro, los ciudadanos aportan una parte del monto que se eroga a la CFE.
De esta forma, las viviendas destinan de 1 a 5 pesos y los negocios de entre 15 y 120 en sus recibos bimestrales de luz.
En este 2021, el actual gobierno municipal -que encabeza el panista Eduardo Rivera Pérez- busca que el Congreso del estado les regrese ese cobro, mismo que en 2020 la SCJN lo declaró inconstitucional.
El pasado viernes 3 de diciembre en sesión extraordinaria, se aprobó en Cabildo solicitar al Congreso local se regrese el cobro del DAP.
En caso de ser avalado por el Poder Legislativo, se realizará la modificación en el artículo 240 al 243 del Código Fiscal y Presupuestario del municipio de Puebla para recaudar mayores recursos.
En el caso del artículo 240 se solicita el cobro de una prestación y no de energía eléctrica; en el 241 se establece que a quienes se le cobrará serán personas físicas y morales; en el artículo 242 la base se genera para servicio de alumbrado público y el artículo 243 indica que la forma del pago será bimestral y por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Según las autoridades municipales, los recursos que se invierten por dar mantenimiento a la red eléctrica, oscilan en alrededor de 300 millones de pesos al año.
Sería a través de un pago en la Tesorería Municipal o un monto adicional que iría incluido en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, como podrían recaudar este ingreso que esperan sea de al menos 149 millones de pesos.
El tema ha generado polémica pues militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reprueban está el DAP. Por ejemplo, el diputado federal Alejandro Carvajal ofreció asesoría vía WhatsApp a la ciudadanía para evitar este cobro y los regidores del mismo partido han señalado que se trata de un impuesto sin fundamento que puede generar tarifas injustas.