Desde el 2007 comenzó la polémica por la instalación de parquímetros en calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, con la finalidad de regular los lugares de estacionamiento en la vía pública.
Fue en la administración del priísta Enrique Doger Guerrero, cuando se entregó la concesión a la empresa Jajomar por un periodo de 15 años para colocar dispositivos en la vía pública que permitiera el ordenamiento y medición de la permanencia de autos en áreas definidas.
Sin embargo, en 2008, la entonces alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, determinó revocar el contrato, pues las ganancias beneficiaban a la empresa y no al Ayuntamiento, pero la compañía interpuso una demanda.
Años después, en 2014, el gobierno municipal obtuvo un amparo para evitar pagar 608 millones de pesos a Jajomar que exigía como indemnización por el retiro de la concesión.
Ese año se determinó no colocar los dispositivos nuevamente a fin de no perder la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Con la llegada de la presidenta municipal emanada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Rivera Vivanco, se analizó la instalación de parquímetros en la ciudad, ya que las autoridades argumentaban que existían sectores que se pronunciaban a favor de este sistema.
Finalmente fue descartado porque la alcaldesa dijo estar en contra de la privatización de la vía pública.
Los parquímetros han resurgido en la actual administración del panista Eduardo Rivera Pérez.
Esto después de que el secretario de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado, anunció que se realizará un programa piloto de parquímetros o estacionamientos rotativos en el Centro Histórico entre enero y febrero del 2022.