El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que es inviable que el gobierno municipal se haga cargo del servicio de agua potable.
Destacó que se deberá vigilar que el servicio que proporcione la empresa sea eficiente y que la revocación del contrato “no son enchiladas”.
Desde San Sebastián de Aparicio, el alcalde deslindó al Ayuntamiento de Puebla de tener jurisprudencia para quitarle la concesión del vital líquido al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap).
“Hago esta expresión coloquial que no son enchiladas porque el problema del agua en el municipio es serio y no es tan fácil que el gobierno de la ciudad tenga las condiciones financieras para operar este servicio, es imposible”, mencionó.
El panista insistió que le corresponde al Congreso del estado analizar la revocación del contrato con Concesiones Integrales.
“Quien tiene la última palabra no es el gobierno de la ciudad, hay un falso debate que se ha creado desde un principio, no fue el gobierno municipal quien tomó la decisión de poder concesionar el servicio del agua, es el Congreso del estado el que tiene la facultad de otorgar y de quitar”, afirmó.
Adelantó que pronto tendrá una reunión con Soapap y el gobierno del estado para revisar dicho tema.
“Es importante que cualquier deficiencia del servicio que exista pueda reportarse al gobierno de la ciudad para que la empresa tome cartas en el asunto”, subrayó Rivera Pérez.
En otro tema, el presidente municipal de Puebla negó el señalamiento hecho por trabajadores sindicalizados en el sentido de que el robo y los actos vandálicos en las oficinas del Sindicato “Benito Juárez” fueron actos previamente armados.
Dijo que la actuación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al detener al menos a 20 personas acusadas de ese altercado, no puede ser un acto inventado.
“Lo único que hizo la SSC es actuar ante una denuncia ciudadana en un lapso de cinco minutos aproximadamente, y detener en flagrancia a personas que estaban cometiendo este tipo de actos indebidos”, explicó.
Agregó que ahora está en manos de las autoridades judiciales el proceder contra las personas detenidas y "será la Fiscalía General del Estado quien deslinde responsabilidades”.