Asociaciones animalistas se manifestaron en la ciudad de Puebla contra casos de maltrato.
Con mensajes en cartulinas, los manifestantes expresaron su condena a los recientes casos de crueldad animal.
En general, piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla que haga su trabajo y castigue a los responsables.
Y cuestionaron el desempeño del Instituto de Bienestar Animal (IBA), en materia de previsión y concientización.
Con consignas como “somos su voz” y “ni un peludo más”, los animalistas expresaron su malestar.
Los manifestantes coreaban “señor, señora, no sea indiferente, se matan animales en la cara de la gente”, mientras se desplazaban por las calles del centro.
El caso del perrito Chori
Los activistas de diversos colectivos animalistas se manifestaron en calles del Centro Histórico y en el inmueble de la Coordinación de Regidurías por los casos de maltrato animal y para exigir justicia para el perrito “Chori”.
El perrito “Chori” fue atropellado junto con otros dos lomitos por el conductor de una camioneta en el municipio de Cuautlancingo.
Tras la presión social, el conductor, identificado como César Tolama, presuntamente se presentó en la FGE para colaborar en la indagatoria.
La manifestación llegó a la Coordinación de Regidurías del Ayuntamiento de Puebla, debido a que César Tolama, supuestamente es hermano de la novia del regidor, Leobardo Rodríguez Juárez.
Otros casos de maltrato animal en Puebla
En la sociedad poblana están presentes varios casos. El más reciente, en la ciudad de Puebla, es el del denominado "Niño Sicario", quien de acuerdo con denuncias ciudadanas maltrata todos los días a su perro.
En redes sociales, la fundación “Patitas Enlodadas” y “Cuenta Conmigo” pidieron la intervención de las autoridades.
En junio se registró el caso de otro menor de edad, en Atlixco, quien presuntamente habría abusado de una perrita llamada "Muñeca".
Previamente, en Huauchinango, una menor identificada como Vanessa N. exhibió en redes sociales la forma en la que torturó y mató a “Huellitas”.
El caso provocó la condena social e incluso provocó la realización de una manifestación.
Por su parte, la FGE, en los casos de Atlixco y Huauchinango se limitó a establecer que, por ser menores de edad, se aplicarían las normas vigentes en la materia.
En el caso de Vanessa, la autoridad precisó que se le brindaba asistencia psicológica.
