Vivir en parques, pagar renta, pedir dinero o recoger fierro viejo es la dinámica que ahora viven las familias de San Pablo Xochimehuacán desde hace 30 días.
Sus vidas dieron un giro radical cuando el pasado 31 de octubre sus patrimonios sufrieron las consecuencias por la explosión de una toma clandestina de Gas LP en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
A un mes de ese acontecimiento –que ha dejado cinco personas fallecidas- se observan rostros de enojo, rabia, desesperación, tristeza y desolación entre los pobladores afectados.
La zona cero ya está limpia, la maquinaria arrasó con toda infraestructura que se tenía que derribar; donde antes había algunas casas, hoy existe terreno plano.
Según las autoridades estatales, a la fecha, se han demolido 59 de las 64 casas que registraron daño estructural.
La nostalgia de las familias afectadas se nota, pero refieren que no cederán y rechazarán los predios que les está ofreciendo el gobierno estatal en la zona de “El Batán”.
“La mayoría de mis vecinos viven cuatro y seis familias dentro de cada lote, entonces cómo es posible que dentro de esas jaulas pajareras que nos quiere dar el gobierno metan a toda su familia”, acusó la señora Jenny Gómez.
También, refirió que algunos de los habitantes de Xochimehuacán ahora viven “de arrimados”, porque no tienen a dónde ir.
Un grupo de pobladores rebasó el cerco de seguridad y llegó a la denominada zona cero, dio un recorrido y observó sus terrenos, los cuales “pelearán”.
“Ya queremos aunque sea empezar a construir con nuestros propios medios, con madera, palos o lo que se pueda, pero el gobierno nos dice, nada por encima de la Ley, entonces dónde están nuestras garantías individuales”, sentenció la representante.
Los habitantes sostienen que tienen documentos con qué acreditar su bien, escrituras y el pago de predial al corriente.
Cuestionaron el hecho de que el gobernador Miguel Barbosa diga que son predios irregulares, cuando año con año han pagado sus servicios de casa-habitación.
“Pemex nunca ha venido a pararse jamás, nunca vino a sellar las tuberías. El único que está dando la cara es el gobierno, pero para mal”, criticaron.
Ante la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal, los afectados reclamaron que las autoridades no les permitieron sacar sus pertenencias en todo este tiempo.
Tanques de gas, recámaras, estufas, maquinaria, autos, muebles y ropa, quedaron hechos chatarra.
Sostuvieron que no dejarán que les quiten sus terrenos.
"Estamos actuando de manera pacífica, de lo contrario, vamos a actuar de manera violenta, de una u otra manera nos tienen que hacer caso”, reiteró.
“Si dicen que estamos en alto riesgo porque ya algunas casas las están reparando. Si el gobierno no nos quiere ayudar, está bien, pero que nos deje ocupar nuestro terreno”, expresaron.
A la par, en las calles aledañas de la zona cero se observa la reparación que se está haciendo a las 54 casas que tuvieron daños menores en el siniestro registrado por una toma clandestina.
Sin ayuda
Los pobladores aseguraron que el gobierno del estado sólo les ha dado una despensa desde lo sucedido y no las cuatro que les prometieron.
Además, los inconformes evidenciaron que el ayuntamiento de Puebla prestó un terreno donde se depositó todo el escombro de las casas que fueron derrumbadas, pero ahora hacen negocio.
Manifestaron que, con solo pagar 200 pesos, personas externas puedan ingresar a ese lugar y tomar lo que les sirva, desde ropa, hasta utilería de puertas y ventanas.
“Yo he visto a varias personas que están poniéndose las blusas de las vecinas, sus servilletas que tejían también las tienen los vecinos. Están haciendo negocio, una camioneta se llevó todas las ventanas, fierro y bombas de cisterna, les dieron por cada camioneta tres mil pesos”, acusaron.
A la zona del conflicto llegó personal de la secretaría de Gobernación para tratar de dialogar con los afectados y explicarles la forma como recibirán la ayuda, sin embargo, les fue imposible calmar los ánimos.
