Habitantes de San Pablo Xochimehuacán terminarán el 2021 con incertidumbre, pues a dos meses de la explosión ocasionada por una toma clandestina de gas LP, siguen sin tener la certeza de dónde vivirán.
El 31 de octubre de 2021, cerca de las 02:00 horas de ese día, se escuchó un primer estruendo.
Tras escuchar otras dos detonaciones se cimbraron los cimientos de sus casas y las personas salieron corriendo por todos lados sin saber lo que estaba pasando.
En el recuento de los daños, la explosión causó la muerte de cinco personas y más de una veintena de heridos, así como cientos de casas dañadas, 59 de las cuales fueron pérdida total.
Conforme el dolor y los días pasaban, también las investigaciones de las autoridades que señalaban como responsables a un huachigasero, identificado como Ricardo, alias “El Callo”.
Pobladores perdieron el miedo y proporcionaron datos que dieron con el paradero del presunto delincuente -quien empezó su historial con delitos del fuero común como el robo- y sus dos cómplices.
Fue así que elementos de las distintas corporaciones de seguridad empezaron a cercar a “El Callo”.
El 7 de noviembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) acudieron a un taller mecánico ubicado en la colonia Ampliación Ignacio Mariscal de la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacán.
Cuando ingresaron, localizaron ocho pipas cargadas de gas LP supuestamente robado.
El 4 de noviembre los elementos de la corporación que pertenece a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron otro decomiso.
En el lugar incautaron un pipa con huachigas dentro de un immueble ubicado en el número 51 de la calle Gasoducto, propiedad del presunto delincuente.
Tras un trabajo de investigación y búsqueda, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) capturaron a “El Callo”, en Cancún, Quintana Roo.
Además, aseguraron a dos de sus cómplices, en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacán.
Para el 14 de diciembre, un Juez de Control tomó la determinación de vincular a “El Callo”, a Miguel Ángel y Antonio por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena, ataques a vías de comunicación, incendio y otros cargos, así como el de encubrimiento.
La autoridad judicial lo envió al penal de San Miguel, donde permanecerán hasta que les dicte sentencia condenatoria.
A casi dos meses, los pobladores que perdieron sus casas siguen padeciendo las inclemencias.
Este jueves 30 de diciembre algunos fueron a la zona cero, donde entre lágrimas dijeron que permanecerán hasta que las autoridades les solucionen su problema de vivienda.
El gobierno les ofreció reubicarlos, pero algunos no han aceptado, pues el proyecto inmobiliario donde se contempla su traslado está en la zona de El Batán.
“Estamos tristes porque no tenemos lo que teníamos antes, antes nos la pasábamos alegres con toda la familia y ahora nomás viendo lo que quedó", comentó uno de los vecinos afectados.
“Qué vamos a hacer, ver qué sucede con lo de los terrenos. Nosotros vamos a seguir aquí hasta que nos liberen el terreno”, aseguró.