La semana pasada el Ayuntamiento de Puebla suspendió el cobro de los parquímetros del Centro Histórico en respuesta a la declaración de inconstitucional de una fracción de la Ley de Ingresos de 2023 relativa a los parquímetros.
Esto, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que hizo la observancia por la redacción de una de las fracciones.
A la par de la suspensión de los cobros para atender el llamado de la corte, el Ayuntamiento prevé enviar una modificación de la ley al Congreso del estado para cumplir con la resolución de la Corte.
Así lo señaló este martes 3 de octubre, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien explicó el procedimiento que enfrentan.
"No se declaró inconstitucional el sistema, no se declaró inconstitucional el cobro, no se declaró inconstitucional la medida que ejerce el gobierno de la ciudad para tener mayor ordenamiento en el Centro Histórico", explicó en un acto de gobierno.
De acuerdo con el alcalde, lo que se debe modificar según los magistrados es un apartado para dejar más claro qué y cómo se cobra con los parquímetros.
"Lo que se declaró inconstitucional es simplemente la redacción de una fracción en donde quiere la Corte que sea mucho más específico la manera de cómo y cuánto se cobra por cada una de las horas", agregó.
Sobre esta estrategia de ordenamiento del Centro Histórico de Puebla, destacó que se trata de parquímetros más económicos que los de otras partes del país.
Como ejemplo expuso otros sistemas en el mismo estado de Puebla como el de San Pedro Cholula, Zacatlán o Chignahuapan, pero también los de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Tras la resolución de la corte y una vez que fueron notificados, agregó Eduardo Rivera, en el Cabildo están abiertos a revisar lo que se observó y hacer una propuesta a los diputados.
"Por supuesto que el Cabildo está en este proceso de diálogo y estamos atentos por supuesto a escuchar sugerencias", dijo.
Ya en el Congreso algunos legisladores habían señalado que ante la resolución de la Corte existían dos alternativas.
La primera es que se hiciera una modificación sobre la ley vigente a la que le quedan menos de tres meses de operación y la segunda es que esta nueva redacción se considerara para la ley de ingresos del 2024.
