Ciudad

Comerciantes dicen NO al Derecho de Alumbrado Público

De aprobarse esta iniciativa en el Congreso, los negocios tendrían que pagar entre 15 y 120 pesos en sus recibos bimestrales de luz

Foto: Agencia Es Imagen para El Universal Puebla
08/12/2021 |19:27
Abel Cuapa
RedactorVer perfil

Comercios establecidos en la ciudad de Puebla expresaron su rechazo ante la intención del Ayuntamiento de Puebla de volver a cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).

En caso de que el Congreso del estado apruebe el exhorto que hizo el gobierno municipal para que les regrese esa facultad, las viviendas tendrían que destinar de uno a cinco pesos y los negocios de entre 15 y 120 en sus recibos bimestrales de luz.

El encargado de un establecimiento de óptica en el Centro Histórico de la capital, Luciano Rosas sostuvo que, derivado de la pandemia, los comercios están viviendo una situación complicada por lo que consideró que no es el momento adecuado para establecer un nuevo pago.

“No estamos a favor de esto, en lo personal yo no estaría a favor; no lo considero prioritario pero qué podemos hacer”, lamentó el señor.

Por su parte, Susana, responsable del comercio “Masajes para todos”, añadió que a veces no tienen suficientes ventas y pagar todavía un extra como el DAP, afectaría mucho.

Dijo que los poblanos apenas comienzan a reponerse del Covid-19 y se empieza a reactivar la economía, por lo que las autoridades deberían tomar conciencia de ello.

En tanto, la gerente de la tienda de mochilas y bolsas promocionales Mary Tere subrayó que el cobro nuevo sería contraproducente para los comercios establecidos.

“Tenemos que sacar todos los gastos, más un gasto de cobro adicional por el cobro de la luz, me parece excesivo”, declaró.

Sobre el tema, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, argumentó que el DAP no es un nuevo impuesto, sino que es cobrar algo que ya existía “para dar un mejor servicio en la ciudad, punto”, expuso.

No obstante, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto es un impuesto “disfrazado” de derecho y no un pago en retribución, ya que la instancia que brinda el servicio eléctrico es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no los Ayuntamientos.